Un estadillo mediático. Eso ha supuesto el anuncio de la abdicación de Juan Carlos I a favor de su hijo Felipe. Incluso este humilde artículo muestra hasta dónde llega el interés despertado por semejante noticia. Se ha expandido por Europa, ha cruzado el océano, nos llegan informaciones hasta del Lejano Oriente.

Las reacciones, de todo tipo. Ayer los republicanos se concentraron en todas las ciudades españolas exigiendo un referendo vinculante; el oficialismo conservador, y aun la cúpula del socialismo, han respaldado a la Corona; las redes sociales crepitaban de mensajes de uno u otro signo, así como de distinta intensidad. Todos los debates televisivos, radiofónicos, todos los diarios hacen referencia al acontecimiento. En concreto la prensa monárquica, que publicó la tarde del lunes una edición especial vespertina, un tipo de edición extraña en la prensa actual de España.

Vamos, se ha armado un buen jaleo.

Pero, ¿tanto importa? ¿Es cuestión capital la transición a una república? Como expliqué en este mismo portal, la actual democracia ibérica padece una desafección creciente, una desconexión con el pueblo que la erosiona a enorme velocidad. La ciudadanía comprueba la impotencia de sus instituciones ante ódenes supranacionales. No quedan referentes morales o políticos, se agotan liderazgos, se desvanecen los iconos, las esperanzas. Un día aparece un posible renovador, al día siguiente ya está desacreditado. Mientras diversos actores públicos y estatales (entre ellos, miembros de la Família Real), operan con total impunidad.

De tal manera, la infanta Cristina, hija mediana del rey, aún espera conocer si la Audiencia regional confirma su segunda imputación, pues la primera  fue tumbada por la misma instancia. Además, la hija del todavía rey contó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que enviaron escritos contra dicha resolución. Una protección de la que no dispone cualquier común.

Y todo ello sucede a la par que bancos rescatados con dinero público financian a las administraciones cobrando sustanciosos intereses muy por encima de los tipos con los que consiguen el dinero del erario público. Unas entidades bancarias que jugaron a la especulación en connivencia con políticos, inmobiliarias y constructoras, a las que el español medio concurrió para financiar lujos innecesarios expuestos en los medios de comunicación (empresas surtidas de cash por esos mismos bancos), en spots donde aparecían grandes héroes nacionales, deportistas, artistas, periodistas…

Unos bancos dueños de Bolsas y Mercados de España (BME), la agencia que ordena el sistema financiero hispano; si analizamos una a una  las compañías del IBEX-35, nuestro índice bursátil, podemos comprobar que una reducida lista de bancos controlan el sistema empresarial ibérico. Dichas corporaciones, partes de holdings en manos de muy pocos, donde tarde o temprano recalan antiguos mandatarios y políticos de toda índole e ideología.

Unos bancos que piden recortes salariales, reformas laborales, abaratamiento del despido, reducción de las cotizaciones. Apenas días después de las elecciones europeas, el FMI y “los mercados” (los bancos) exigieron la remodelación de todo el sistema laboral y social, ya que “vivimos por encima de nuestras posibilidades” durante la burbuja inmobiliaria. Para hacer frente al déficit que supuso el rescate al sector bancario, los gobiernos estatal, regionales y municipales deben abocarse a la privatización de servicios públicos, precarización de la educación, de la sanidad, reducción de las pensiones, eliminación del subsidio a la dependencia y, si nos ponemos exquisitos, hasta acotamiento y/o anulación de la prestación por desempleo…

En definitiva, existe una míriada de problemas, pero quien domina la agenda impone de qué se habla y qué pierde interés.