Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, según difundió el portal local La Patilla, analizó el Decreto N° 1.605 del 10 de febrero de 2015, aprobado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.599 de esa misma fecha, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
El decreto detalla la nueva “estructura orgánico-funcional del aparato de inteligencia militar” de Venezuela, que “claramente asemeja al de las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente aquellas que funcionaron durante la vigencia de la llamada doctrina de seguridad nacional, caracterizados por depender directamente del presidente de la República, para realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia, con competencias virtualmente ilimitadas y sin control, lo que viola derechos humanos de la población”, afirma la ONG.
Rocío San Miguel, la presidente de Control Ciudadano, explicó que la modificación oficializa la figura del enemigo. Según la especialista, “propia de las situaciones de guerra”.
De acuerdo con la investigación de Control Ciudadano para la Seguridad, “los órganos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela deben estar regulados por una ley que aún no ha sido promulgada por la Asamblea Nacional y no por decreto presidencial”.
Además, advierte que Nicolás Maduro “ha activado una estructura de contrainteligencia militar con funciones ilimitadas que socavan derechos de civiles y de los propios efectivos militares en Venezuela”.
“Las funciones del director de Contrainteligencia Militar transgreden principios de subordinación militar y socavan atribuciones constitucionales del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, detalla.
Por último, advierte que “las funciones del profesional militar de contrainteligencia militar se asemejan a las de un comisario político”.
El portal de noticias venezolano agrega que la organización apela a las instituciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos a que eleven el nivel de vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones universales que debe garantizar el Estado venezolano.
Para Control Ciudadano, las modificaciones en el sistema de inteligencia “se inscriben en la ejecución de una cuestionable doctrina de seguridad nacional orientada al control militar del país y en detrimento del ejercicio de derechos civiles y políticos de los venezolanos”.
