“En la vivienda de López Bonilla existen bóvedas y caletas en las que guarda el dinero proveniente de robo de drogas a narcotraficantes y por cobros ilegales”, con esa frase se encendió el escándalo. El ministro de la Gobernación (Interior) de Guatemala es el epicentro de un terremoto político desde septiembre del año pasado.

La frase corresponde al ex capitán Byron Lima Oliva, que cumple una pena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

Con 15 años de prisión ya cumplidos, y preso en el penal de Pavoncito, Lima reconoció los negocios con el ministro de Otto Pérez Molina durante las audiencias por una nueva causa en su contra: el desmantelamiento de una red ilegal, operada por él, que sembraba terror y manejaba a su antojo todo lo que sucedía intramuros. Según los investigadores, controlaba el narcotráfico interno y tal era su poder que hasta había tarifado el traslado de reos. Se estima que 12 mil dólares fue la mayor cantidad que cobró por un traslado. ¿Cómo lo hacía? Justamente por sus relaciones de poder con el ministro.

Según el ex militar, la relación con Mauricio López Bonilla se rompió el año pasado, cuando el ministro “quería remodelar las cárceles y favorecerse con el contrato”. “Se puso de acuerdo con quienes iba a contratar a través de una empresa que tenía su sede en los Estados Unidos, pero la empresa no era real, no existía”, disparó.

Lima afirmó que su suegro, Samuel Reyes, en ese entonces era subdirector técnico administrativo del Sistema Penitenciario. “Se enteró del tema y no permitió que el negocio se realizara. De ahí viene el pleito del ministro conmigo. Está enojado porque no lo dejamos robar con la construcción de cárceles”, sostuvo.

La acusación de Lima desnudó la connivencia de los políticos guatemaltecos con la corrupción en el sistema penitenciario local.

Lima incluso afirmó que López Bonilla “era su amigo”. “Quien pagó el parto de mi esposa fue el ministro López Bonilla, con un cheque de Gobernación”, sostuvo. Y además, reveló que tiene una casa que paga con el aval crediticio de la esposa del ministro.

En un artículo publicado en la revista Contra Poder, Lima da más pruebas de su relación con López Bonilla. “Mi amistad con Mauricio comenzó en 1987. Es más, la fiesta de 15 años de mi hija que se hizo en el Intercontinental el año pasado la pagó él. Tengo fotos, videos y muchas personas importantes que testifican lo que digo”.

El ministro desmintió rotundamente la supuesta amistad, pero sí admitió conocer al militar recluido desde que era subteniente en el Ejército.

Según Lima, en la red en la que está involucrado López Bonilla también se encuentran diputados del Partido Patriota, fiscales y miembros de los juzgados de ejecución. La revista guatemalteca ya había documentado que la familia Lima participó de forma activa en la campaña del Partido Patriota en las elecciones de 2011. Su hermano Luis Alberto actuó como jefe de campaña del distrito de Quiché. Byron Lima mismo proporcionó vehículos blindados para que usen dirigentes partidarios en labores proselitistas. Mauricio López Bonilla era entonces el jefe de la campaña presidencial de Otto Pérez Molina.

Lima Oliva está imputado por los delitos de asociación ilícita para cometer delitos contra la administración pública y tráfico de influencias para el traslado de privados de libertad. Con las acusaciones en curso, el ex militar se vio acorralado y decidió develar las complicidades con el poder político. El protagonista de esos actos de corrupción es López Bonilla.

El reo, de hecho, instó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –que lo acusó a él de armar un imperio en la cárcel– a que investigue al ministro, pero también al presidente Pérez Molina.

Aun cuando Lima hizo esas acusaciones y aseguró que el ministro del Interior visitaba el penal por las noches y participaba en todos los negocios espurios, la Fiscalía General decidió no investigar a López Bonilla.

Citado por el diario español El País, el periodista José Rubén Zamora, presidente del matutino El Periódico, afirmó que la crisis carcelaria es sólo un reflejo de la corrupción que impera en todo el aparato estatal. “Hay países donde se puede hablar de un Estado fallido. Eso no ocurre aquí. Tenemos un Estado altamente eficiente… pero para servir a los intereses de los criminales, a los cárteles de las drogas. El gran desafío de los guatemaltecos es acabar con esta situación repugnante”, sostiene. El reportero no es optimista: “Las mafias de las drogas, de militares y de políticos están infiltradas a todo nivel”.