“La prueba de que hubo contaminación debería llevar a la clausura inmediata del emprendimiento”, afirmó Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace, a través de un comunicado.

El juez de la ciudad de Jáchal, Pablo Oritja, confirmó hoy que hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en la zona cercana a la mina, en el departamento de Iglesia.

Greenpeace indicó que el fallo judicial se basa en los análisis realizados por la empresa en las horas siguientes al derrame ocurrido en septiembre, que comparan los valores de cianuro y mercurio con la línea de base que figura en el informe de impacto ambiental de Veladero.

Con estas pruebas, el magistrado aplica a los ejecutivos de Barrick Gold el artículo 56 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos que establece la imprudencia o negligencia en el accionar, por dejar abierta la compuerta que permitió que el líquido cianurado llegara al río Potrerillos.

“Las autoridades tienen la oportunidad histórica de aplicar la ley correctamente y cerrar un proyecto que daña el ambiente, que debería haber sido clausurado también por estar en área protegida por la Ley Nacional de Glaciares”, agregó Strano.

La autoridad de aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos es el Ministerio de Minería provincial, que tiene la facultad de multar, suspender, o clausurar el emprendimiento.

La organización ambientalista también informó que ha pedido la suspensión de las actividades mineras en el área en numerosas oportunidades por encontrarse, además, dentro de la Reserva de San Guillermo, declarada reserva de Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).