No obstante, desde el Gobierno dejaron trascender que “no está previsto” mejorar la oferta del 15 por ciento hasta junio con la que el Gobierno ya dio por cerrada la negociación salarial con los gremios estatales de la ley 10.430.

La Provincia aplicó fuertes descuentos por los paros a Soeme, y tras lograr el gremio un fallo judicial que frenó las quitas, el Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria para volver a negociar y devolvió las sumas. Ahora, el Gobierno de María Eugenia Vidal volverá a recibir a Soeme y podría extender la conciliación por otros diez días, tal, como habilita la legislación laboral.

Entro otros puntos, el mandatario anunciará hoy la construcción de 120 mil viviendas, la entrega de 175 mil créditos subsidiados (que incluyen los correspondientes al PROCREAR), otorgar 300 títulos de propiedad y más de 450 mil microcréditos para refaccionar viviendas.

En tanto, el viernes al mediodía desde Tucumán Macri tiene previsto anunciar un ambicioso plan de obras públicas denominado: “Aguas del Bicentenario” que buscará alcanzar en los próximos 4 años “el 100 por ciento de cobertura de agua potable y cloacas en el país” y la realización de “obras de infraestructura hídricas para paliar inundaciones y sequías con fuerte foco en provincias del norte y el conurbano bonaerense, indicaron fuentes cercanas al Presidente.

Vidal también remarcó que el “tiempo corre muy rápido en el Estado y hay mucha gente esperando decisiones”, no obstante aclaró que “es tanta la necesidad y tan básico lo que falta que el camino que hay que tomar es el obvio”.

Durante la conferencia que se desarrolló en el hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro, la gobernadora repasó sus primeros meses de gestión al frente del distrito bonaerense y apuntó que “lo fundamental es no perder nunca el contacto con los problemas de la gente”.

“En la Provincia todo es un juego de presiones y tensiones sobre recursos escasos”, enfatizó Vidal, quien remarcó que la situación en ese distrito “es tan difícil, que es muy fácil decidir” las prioridades de su gestión.

En el caso de los médicos, desde el gremio informaron que la medida incluye “acciones locales en los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud con actos, abrazos simbólicos y consultorios en la calle”. El paro afecta además a los consultorios externos, laboratorios y cirugías programadas, “quedando garantizados todos los servicios de guardias para cubrir la emergencia y la atención de los pacientes internados”, se indicó desde el gremio.

“El sindicato reclama una suba anual retroactiva a enero del 40 por ciento, mientras la Provincia les ofreció en conversaciones informales mejorar de 15 a 16 por ciento hasta junio la oferta, cifra que sigue siendo “insuficiente” para el gremio.

Por su parte, los trabajadores judiciales reclaman que el gobierno de María Eugenia Vidal mejore la oferta del 16,7 por ciento para el primer semestre, aunque la Provincia insiste en que no habrá nueva propuesta y se dispone a liquidar el aumento rechazado por decreto.

En tanto, ambos sindicatos marcharán el viernes al Monumento al Trabajo en capital federal junto a sus socios de ATE Autónoma, en el marco de la movilización de las dos CTA y las tres CGT contra de la política económica del Gobierno nacional.

En esta oportunidad fueron convocados los intendentes, para que escuchen las explicaciones del ministro y aporten sus puntos de vista “porque son los que están en contacto directo con lo que pasa en la calle todos los días y saben mejor que nadie cuáles son las necesidades reales”.

Otro de los ítems de la agenda del Consejo estará centrado en la política de combate al narcotráfico, que la administración de Vidal considera central para bajar los índices delictuales en la provincia y por razones sanitarias.

En ese plano, disertará Jorge Luis Vidal, asesor de la Alcaldía de Medellín, Colombia, para contar la experiencia de esa ciudad que fue uno de los epicentros de la violencia narco en ese país, y luego logró revertir la situación, sobre la base de una serie de políticas públicas integrales. También expondrá el actual Coordinador Nacional de Capacitación a Policías de la Sedronar, Julio de Orue, que hablará sobre la elaboración casera de estupefacientes. Finalmente, hará un aporte sobre técnicas policiales de investigación del narco Enrique Villaruel, de la Policía Metropolitana.

Además de Ritondo y los intendentes, también estarán presentes el vicegobernador Daniel Salvador y, posiblemente, otros miembros del Ejecutivo.

El Consejo de Seguridad, que tiene por misión proponer políticas para ser implementadas por el ministro, está integrado por los ministros de Seguridad, que lo preside, sus pares de Gobierno y Justicia, el secretario general de la Gobernación, los jefes de la policía y el SPB y cuatro senadores y diputados.

“Tengo una expectativa de cambio de lo que fueron las anteriores convocatorias”, manifestó el senador de Cambiemos Carlos Fernández. Diferenció que las anteriores “fueron en un momento en donde la opinión pública estaba movilizada por la inseguridad” y si bien comprendió “que una foto de toda la oposición y el oficialismo sirve para descomprimir determinados momentos” aclaró que “si no es acompañado con debate y definiciones políticas no tiene sentido”.

Fernández cuestionó durante el gobierno de Daniel Scioli que se los convocaba solo para la foto por eso ahora confió en que “esta vez generemos un debate serio receptando inquietudes para definir juntos una política de estado en donde tienen que intervenir todos los niveles de estado: municipal, provincial y nacional”.

“No hay una solución mágica, son procesos que requiere inversión pública, tecnología y de una profunda política que tiene que ver con lo social y educativo con acciones integrales para morigerar el impacto que la inseguridad tiene en la sociedad”, continuó el legislador.

Por otra parte, con respecto a la sesión prevista para este jueves en el Senado que finalmente se frustró, explicó que además de que muchos senadores viajaban a Mar del Plata “no estaban definidos los consensos para sacar la ley de emergencia administrativa pero soy optimista en que vamos a poder hacerlo la próxima semana”.

En el artículo primero de la misma, se fija la prórroga de la vigencia de las disposiciones contenidas en los decretos 1402 del 4 de noviembre de 2001 y 1548 del 29 de noviembre de 2001.

Este último, fue el que, en su artículo 7, dispuso que “están alcanzados por el régimen de retribución, todos los pagos efectuados mediante la utilización de tarjetas de débito que correspondan a operaciones efectuadas en el territorio nacional, por importes inferiores o iguales a la suma de $ 1.000″.

La cifra fue prorrogada desde entonces por todos los gobiernos, desde Eduardo Duhalde hasta Mauricio Macri, pasando por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca actualizada.

De haberse mantenido esta relación, hoy el tope para la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito debería estar un poco por debajo de los $ 15.000.

Sin embargo, esta última prórroga mantuvo el valor original de $ 1.000, que actualmente y de acuerdo con la cotización del tipo de cambio del Banco Nación, no llega a u$s 70.

“La situación de la provincia es tan difícil que es más fácil decidir. No hay competencia porque las decisiones se toman entre cuestiones muy básicas. Es tanta la necesidad que el camino es obvio. Las prioridades son: seguridad, hacer obras y política social. No hay margen para nada más”, afirmó Vidal.

La mandataria admitió que “hay un juego de tensiones en la administración de recursos que son escasos”, pero que las decisiones que hay que tomar son “obvias” cuando -por ejemplo- “había 7.000 presos sin colchón y no había candados en las cárceles”.

“El tiempo corre muy rápido en el Estado. Detrás de cada expediente, hay una necesidad. Por eso trato de darle forma humana a las decisiones. Eso te motiva a hacer más rápido las cosas”, dijo Vidal, madre de tres hijos de 15, 13 y 8 años y recién separada del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

En su charla, la funcionaria contó que considera al presidente Mauricio Macri como su “padre de la política” y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su “padre de la gestión” y destacó que la buena relación entre los tres y el trabajo conjunto “hoy genera muchas oportunidades para todos los argentinos”.

Para Vidal, la verdadera grieta que existe hoy entre los argentinos es “entre lo que somos y lo que podríamos ser” y afirmó que “es un momento histórico para la Argentina en el que por primera vez la gente quiere cambiar de verdad y tiene esperanza”.

“No tiene techo todo lo que podemos hacer en el país y la provincia”, concluyo Vidal ante el joven auditorio.

Por último, se definió como “ansiosa y con una vara de exigencia muy alta en el trabajo diario” y agregó: “Será por eso que Macri siempre me dice: ni loco trabajo para vos”.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto al ministro de Infraestructura, Eduardo Cenzón, anunció en la localidad de San Fernando el Plan Hídrico para la provincia, que demandará cuatro años y requiere una inversión de $ 15.000 millones. El anuncio se concretó a las 11.30 en el Puente El Tauritya, en ruta 197 vieja y Río Reconquista.

“Tenemos un plan sobre los ríos, Lujan, Salado, Reconquista, la cuenca La Matanza Areco y la zona de La plata, Ensenada y Berisso. Todas áreas afectadas por las inundaciones”, sostuvo la gobernadora bonaerense al tiempo que advirtió: “No son obras que se van a hacer de un día para el otro” señaló la gobernadora.

En ese sentido, explicó que se harán licitaciones por “más de 15 mil millones de pesos en obras hidráulicas para estas cuencas para que más de 8 millones de personas dejen de inundarse”. Asimismo agregó: “Estamos cerrando el financiamiento con organismos internacionales. Es una obra que va a llevar cuatro años para dar los primeros resultados”

Respecto de la obras sobre el río Salado, Vidal señaló que “tiene 5 etapas y estamos terminando la tercera. Con la ayuda del Gobierno Nacional vamos a comenzar la cuarta etapa”. En tanto, agregoó que la obra cuenca La Matanza – Riachuelo va a empezar a fin de mes. “Dentro de poco vamos a ver las maquinas”, expresó

“Las obras de la región La Plata, Berisso, Ensenada empezarán en agosto. El 40% lo hizo el gobierno anterior. Ahora nosotros nos comprometemos a hacer el 60% restante arrancando en agosto y terminando el año que viene”, finalizó.

El Ejecutivo pidió celeridad para sacar la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. En la Legislatura solicitaron modificar el texto, y eso llevó a que el mi-nistro de Coordinación, Roberto Gigante, consensuara con senadores y diputados los cambios para que se vote esta semana en la Cámara Alta y la próxima en Diputados.

La nueva redacción tomó forma en la comisión de Trabajo y Legislación Social. Para avanzar, el Gobierno debió ceder en algunos puntos, mientras que logró mantener otros, incluso discutidos por miembros del Legislativo y hasta del mismo espacio del oficialismo.

“Necesitamos la ley para poner en marcha todo el sistema, que no es una rueda sino una pared; y esto no es para eliminar organismos de control ni nada por el estilo, como algunos creen ver, sino para darles celeridad a trámites que no pueden tardar seis meses. Y necesitamos una emergencia tecnológica para estar a la altura de los tiempos en los que vivimos”, asegura a La Tecla una fuente del Ejecutivo.

El mismo funcionario confirma que “esta emergencia va a servir para demostrar que no hay nada raro, que lo único que se busca es darle más dinamismo al Estado; y ésta debe ser la base de una ley de reforma administrativa del Estado”. No hay fecha para ese avance, pero podría ser antes de fin de año. Dependerá de la evolución de la emergencia y de sus resultados.

En el entorno de Vidal aseguran que “no es una ley ideológica”, y que tampoco significa que quieran despedir agentes púbicos, “sino todo lo contrario, queremos sumar gente joven”, prometen. No obstante, los temores sobre modificaciones a la ley 10.430 (Estatuto y Escalafón para el Personal) y por lo que pueda pasar con los empleados que permanecen en planta temporaria (unos 15.000) hicieron que los legisladores se pusieran firmes en algunas correcciones, como, por ejemplo, la eliminación de artículos y modificación de otros.

También el Ejecutivo cedió en la incorporación de algunos órganos de control antes de hacer contrataciones que no necesitan pliegos licitatorios. En tanto, del proyecto original se conservaron cuestiones como la creación de “unidades de contratación”, que permiten fijar y ajustar con la inflación los montos sobre los cuales se pueden realizar contrataciones directas.

Y otro punto es que la Gobernadora y cada ministro tendrán la posibilidad de fijar los sueldos a sus asesores (que nunca podrán ser superiores al suyo), a partir de contar con una caja para ese fin y no tener que atarse a una resolución que fije esos salarios. Esta administración ha tenido muchos inconvenientes para contratar funcionarios debido a la diferencia entre los sueldos de la administración privada y los que se pagan en la Provincia, inferiores además de los de Nación y Ciudad.
El texto que puso en alerta a los gremios tuvo modificaciones

Los senadores cambiaron algunas cosas del capítulo sobre la “Regulación del contrato de servicios y régimen salarial del personal de gabinete”.

Mientras el texto primigenio no ponía límites temporales sobre las contrataciones de servicios, la nueva redacción establece que durarán mientras esté en vigencia la emergencia.

Se agrega que “el presente régimen contractual no se regirá por las disposiciones del artículo 5 de la Ley”, que regula el procedimiento de contratación de bienes.

El artículo 30 del texto original derogaba “el inciso C del artículo 15, el inciso C del artículo 111 y los artículos 115 y 116 de la ley 10.430”.

Estas normas se refieren a los derechos de los empleados del Estado sin estabilidad, y se cree que ponían en riesgo a aquellas personas que hace muchos años trabajan en el Estado provincial y permanecen bajo el régimen de contratados.

También quitaban derechos a los trabajadores bajo este régimen. La comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado sacó el artículo 30 del texto original de la nueva ley.

Era uno de los puntos más controversiales del proyecto del Ejecutivo, y que había puesto en alerta a las organizaciones gremiales que amparan a los trabajadores del Estado bonaerense.

Se pide, por el contrario (y no está en la ley), que se regularice la situación laboral de los contratados desde hace muchos años.