“Le negaron la excarcelación por entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Son argumentos endebles ya que no hay prueba de cargo que pueda sostener la imputación en su contra”, añadió.

“No le imputan el homicidio ni abandono de persona”, explicó y dijo que su defendido “estuvo siempre a derecho”.

“Ávila se ocupaba de la gestoría y la habilitación del lugar, presentaba a la Ciudad la documentación para que se haga el acta de apertura de la fiesta. Es empleado de Dell Producciones y fueron aportados los recibos de sueldo en la causa”, señaló el abogado.

Si bien ratificó que Ávila estuvo presente en Costa Salguero durante toda la fiesta electrónica, argumentó que “lo único que hace para Dell Producciones son trámites y se queda ahí por si sale algún trabajo jurídico”.

“Ávila no tiene responsabilidad ni vinculación con lo que pasó en la fiesta”, concluyó.

Por el contrario, apuntó a Prefectura, fuerza con jurisdicción en el lugar, “que tenían que prevenir el delito y no actuaron” y a los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires.

Prat Gay remarcó que “la falta de transparencia en la Argentina es una deuda histórica y no es un sueño, es una realidad que podemos construir entre todos”.

En el panel sobre “Gobernabilidad y desarrollo económico en América Latina”, junto con sus pares Danilo Astori, (de Uruguay) y Santiago Peña (de Paraguay), el funcionario argentino aseguró que “la opacidad no es una maldición: nos han hecho creer que tenía que el gobierno ser opaco por cuestiones de Estado que excedían la convivencia democrática, y eso no es así”.

Prat Gay agregó que la Argentina “tiene una deuda de transparencia que nos afecta a todos, y no es sólo la sensación de que hay una élite gobernante que hace cosas a escondidas”.

“La opacidad es la amiga o la madre de la corrupción, y cuando hay un reflector sobre la mesa es difícil que aparezca un negociado”, definió el ministro.

Describió luego que “la corrupción se conecta con el despilfarro de recursos públicos y la sensación de que el corrupto tiene la capacidad de despilfarrar y guardarse parte en su bolsillo, lo cual genera la anomia, tan común en nuestro país”.

“Entonces, ¿para qué voy a cumplir la ley si los exponentes y los emblemas de quienes tienen las responsabilidades más altas no la cumplen y no pasa nada?”, se preguntó Prat Gay.

En ese marco, dijo que el gobierno busca “un corte con la historia”, y realizará “todos los gestos necesarios para recomponer esa falta de credibilidad”.

El ministro se declaró partidario de un “exceso de transparencia”, y confirmó que el gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto de ley para coordinar que sea transparente la pauta publicitaria en los medios de comunicación.

Exhibió luego como un avance la creación del portal nacional de datos oficiales, Datos.gob.ar, en la que consta “mi declaración jurada, como de otros 45 mil funcionarios”, aseveró.

“Es un caldo de cultivo para secuestradores”, bromeó, pero indicó que la decisión implica “un exceso de transparencia que creímos necesario, con detalles de contrataciones, organigramas, presupuestos, y próximamente, agendas de audiencias de cada funcionario”.

Otro caso de “llevar al límite la transparencia”, explicó el ministro de Hacienda, fue la negociación con los holdouts, en la que se rechazó firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que “no había razón para negociar en la oscuridad”.

Prat Gay destacó, por otra parte, que “teníamos autoridades de la AFIP que durante muchos años se dedicaban a esconder a los amigos del poder y a perseguir a los opositores”.

“Estas autoridades la semana que viene tendrán que dar cuentas por algunas de estas cuestiones”, y en esta materia “la independencia judicial es un elemento central”, concluyó.

“Santa Cruz fue la provincia que más obras viales tuvo, un 12 por ciento del total del país. El grupo de Báez tuvo el 80 por ciento de eso, con contratos por 20.000 millones de pesos, con sólo un 40% de las obras concluidas. Sin embargo, siempre cobraba por adelantado, y en algunos casos se iban agregando cosas con grandes sobreprecios”, aseguró Iguacel.

Además, puso como ejemplo la obra del corredor Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, sobre la ruta 3, al asegurar que “quedó completamente desguazada, y salió mil millones de pesos más de lo que indican nuestros números”.

Iguacel agregó que en la denuncia también están involucrados personal de Vialidad Provincial, el ex administrador de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti y el subadministrador Javier Alonso.

“Aquí no podemos descartar nada, pero hasta hoy el fiscal no ha pedido nuevas detenciones”, señaló.

Consultado sobre si en la causa se investiga, además de la compra de las estancias, si Báez buscaba percibir un canon del Estado nacional por la obra de las futuras represas sobre el río Santa Cruz, el juez precisó que “nosotros investigamos lavado de dinero, pero tengo entendido que al respecto hay una denuncia presentada en el Juzgado número 8 en el año 2010″.

La mayoría de las estancias compradas por Báez están cercanas al río Santa Cruz, donde el Estado nacional proyecta la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic.

El acceso a la zona está bloqueado mientras trabaja en el lugar personal de la brigada de riesgos especiales del cuerpo de bomberos de la Policía Federal, además de Policía Metropolitana, Defensa Civil, SAME y Metrogas.

El operativo se inició “por llamados de vecinos a policía y bomberos”, explicó Crescenti.

Según fuentes del cuerpo de bomberos, el escape se inició en la cocina de uno de los pisos inferiores del edificio, que fue evacuado. No se descarta que puedan trasladarse más pacientes con síntomas.

Casanello había rechazado el planteo de nulidad hecho por el hijo del abogado y sus defensores Valeria Onetto y Oscar Vignale apelaron ante la sala II de la Cámara, que ratificó lo resuelto por el juez.

Los camaristas rechazaron todos los argumentos dados por Pérez Gadín y remarcaron que las imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad de la Rosadita, algo que “no puede sostenerse que fuera ignorado por quienes aparecen allí grabados lo que aleja la expectativa de intimidad o confidencialidad alegada”.

“Las captaciones de ese sistema de prevención, operan como un ‘testigo silencioso’ de lo que allí acontece”, sostuvieron los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

Pérez Gadín sostenía que se había violado su intimidad al ser filmado en la oficina de SGI junto a Martín Báez, Fabián Rossi y otros procesados en la causa como partícipes del delito de lavado de activos.

Y sobre el uso de las imágenes como prueba en la causa y la manera en cómo llegaron al juzgado tras ser difundidas en el noticiero “Telenoche”, los camaristas consideraron que “no debe perderse de vista que su contenido resultaba accesible a un número indeterminado de personas”.

Por ello cualquiera de ellas “pudo haberlas registrado; y ante el estado público que han tomado las investigaciones llevadas a cabo, pudo entender que la filmación aquí cuestionada podía revestir interés para ello”.

“Y en este sentido, consideramos que la prueba así obtenida y aportada por un particular -sea a un medio periodístico como en el caso, o a una autoridad judicial como ocurrió luego-, no contraviene norma constitucional o procesal alguna”, concluyeron los camaristas.

Más aún, remarcaron, “si, tal lo acontecido, esos elementos, presuntas pruebas de la configuración de un delito, fueron finalmente aportadas al Magistrado a cargo de la investigación a los fines de su conocimiento y evaluación”.

La Policía allana las casas de los hijos de Lázaro Báez ubicadas en la provincia de Santa Cruz. Una de ellas es la de Martín Báez, quien actualmente se encuentra en Capital Federal por orden judicial, ubicada en Comodoro Py al 800.

El procedimiento es encabezado por personal de la Fiscalía de Guillermo Marijuan junto a efectivos de fuerzas federales que fueron dispuestas por el Ministerio de Seguridad. Esta mañana, el representante del Ministerio Público agradeció los recursos que destinó el Gobierno para el megaoperativo que se realiza en el sur del país.

Según informaron fuentes judiciales, durante las pesquisas realizadas el martes accedieron a información que permitió individualizar bienes que hasta ahora se desconocía que estaban dentro del patrimonio de la familia Báez y de otros imputados en el expediente que conduce el juez Sebastián Casanello.

Se cree que la situación judicial de los hijos del socio de la familia Kirchner es un eslabón que podría hacer tambalear su estrategia ante los tribunales. Hasta ahora, el dueño de Austral Construcciones evitó declarar y presentó un escrito que no aportó datos significativos.

A la par, la justicia uruguaya embargó “El Entrevero”, una chacra ubicada entre Punta del Este y José Ignacio que fue valuada en 14 millones de dólares. Dentro de esa estancia hay 8 contenedores grandes, cuyo contenido era desconocido hasta hoy.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy cinco nuevas indagatorias a ex altos funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la causa por el negociado del dólar futuro, en la que también está siendo investigada la ex presidente Cristina Kirchner.

Según pudo saber Infobae, Bonadio convocó a las gerentes de ese organismo Mercedes Geandet y Soledad Castro, para este viernes 29 de abril, mientras que para el 2 de mayo próximo, citó a Guillermo Pavan, ex vocal del directorio; y David Jacoby, ex vicepresidente. En tanto, el martes de la semana que viene deberá comparecer el ex presidente de la Comisión, Cristian Girard.

El dólar en el circuito minorista opera con una mínima baja de un centavo y se vendie a a $14,56 en la apertura, según el promedio de entidades bancarias que informa el Banco Central (BCRA), y actualiza tres veces por día. Para la compra, los bancos tomaron el billete a 14,21 pesos, sin cambios con respecto a este martes.

El dólar mayorista avanza cinco centavos a $14,35, en una plaza equilibrada por la demanda de divisas por parte de la banca privada y las liquidaciones de las exportaciones cerealeras. Finalmente, el organismo presidido por Federico Sturzenegger decidió mantener la tasa de corto al 38% anual, y aseguró que la inflación de abril en la Ciudad será alta por la incidencia de los servicios públicos.

“Cuando estemos seguros de que la inflación bajó, podremos acompañar con las tasas de interés”, aseguró ayer por la tarde. Y agregó: “Sacando la evolución de los precios regulados, el resto de los bienes ha mostrado una visible desaceleración de su marcha en abril. El Banco Central está ponderando cuán sostenido, definitivo y claro es este patrón, previo a decidir un acomodamiento de su política monetaria”.

El “contado con liquidación”, implícito en la operatoria bursátil, desciende seis centavos, a 14,23 pesos. Este tipo de cambio surge de la transferencia legal de activos argentinos, sean bonos o acciones, a una cuenta en el exterior, para ser vendidos y hacerse de dólares. Lo habitual es que se efectivice a través de papeles locales que cotizan en Nueva York (los ADR) o títulos públicos argentinos emitidos en dólares que tengan mayor liquidez.

En el segmento marginal o “blue” la divisa baja un centavo, a $14,78 para la venta.

El polémico proyecto que instala en la Argentina un virtual “cepo laboral” será tratado hoy en el Senado por impulso del bloque mayoritario, el Frente para la Victoria, pese al rechazo de los gobernadores (incluso peronistas como el salteño Juan Manuel Urtubey), de juristas y empresarios. Además, implica un desafío al propio presidente Mauricio Macri que no solo dejó trascender su desacuerdo sino que hasta anticipó un eventual veto, en caso de ser aprobada una medida de ese tipo.

La iniciativa –que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo, justo cuando la Argentina empezaría a recibir nuevas inversiones por la salida del default- fue presentada semanas atrás y se acordó que hoy, a las 15:30, debería ser llevada al recinto de la Cámara alta para su debate y casi segura aprobación.

El proyecto de ley fue firmado por varios senadores clave de la bancada kirchnerista, pero cuenta también con dos firmas clave: el rionegrino Miguel Ángel Pichetto y el bonaerense Juan Manuel Abal Medina. Casualmente, esos senadores anoche se mostraron con la nueva conducción del PJ que encabezan el ex mandatario de San Juan José Luis Gioja y el derrotado candidato presidencial Daniel Scioli.

La iniciativa, que lleva por nomenclatura la S-1078/16, prohíbe los despidos sin justa causa durante 180 días, lapso en el cual se mantendrá la “emergencia ocupacional”. Esa declaración impedirá las desvinculaciones tanto en el ámbito privado, como el público.

Los artículos de la iniciativa

Artículo 1º. Declárese la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días en todo el territorio nacional. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 2º. Quedan prohibidos durante el término de CIENTO OCHENTA (180) días los despidos o suspensiones sin justa causa de trabajadores tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta normativa se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.

Artículo 3º: Por el plazo establecido en el artículo 1º, todo empleador, tanto público como privado, en caso de despedir o suspender a un trabajador deberá contar con la autorización expresa de la autoridad de aplicación en cada jurisdicción.

Artículo 4º: Créase la Comisión Bicameral de la Emergencia Ocupacional que por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días será integrada por OCHO (8) Senadores Nacionales y OCHO (8) Diputados Nacionales, con el objetivo de promover en conjunto políticas públicas de protección del trabajo y de promoción de la generación de nuevos trabajos con todos los beneficios de la seguridad social.

Artículo 5º. La presente ley es de orden público.

Artículo 6º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Daniel A. Lovera.- Norma H. Durango.- Miguel A. Pichetto.- Guillermo J. Pereyra.- Roberto G. Basualdo.- Marina R. Riofrio.- Juan M. Abal Medina.