Una nueva autopsia se realizará el próximo jueves a los restos del agente Juan Alós en Córdoba, en el marco de la investigación por supuesta complicidad de la Policía provincial con narcotraficantes.

De la medida participarán peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tres peritos cordobeses, uno de ellos en representación de la viuda de Juan Alós, Roxana Luna, que es querellante en la causa, según las mismas fuentes.

En varias ocasiones, el fiscal federal Enrique Senestrari precisó que la autopsia se realizará con todas las garantías para “la preservación de las muestras necesarias para la discusión posterior que pudiera resultar necesaria”.

En junio pasado, por orden del juez Bustos Fierro se concretó la exhumación del cadáver de Alós, que se encontraba en un cementerio de Alta Gracia (ubicada a 36 kilómetros de la capital cordobesa), y desde entonces los restos del oficial yacen en la morgue del Hospital Nacional de Clínicas, de la capital cordobesa.

El juez había hecho lugar al pedido del fiscal Senestrari, que, en los últimos meses, formuló numerosas críticas a la investigación realizada por la Justicia provincial respecto de lo sucedido con Alós, que apareció muerto en septiembre de 2013.

En un primer momento intervino la Justicia provincial y el fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, concluyó que Alós se suicidó, no obstante, luego el caso pasó a la Justicia Federal, donde el fiscal Senestrari pretende determinar si la muerte del ex agente está vinculada con la causa por supuestos vínculos entre la Policía y narcotraficantes.

Si bien para la Justicia provincial Alós se suicidó, Carlos Nayi, abogado de la viuda del exoficial, sostiene que “la muerte de Alós estaba vinculada con el narcoescándalo”, porque, “lejos de tener la intención de suicidarse”, pensaba presentarse ante el fiscal Senestrari “para denunciar irregularidades en Drogas Peligrosas, pero no lo pudo hacer porque lo mataron”.

A fines de 2013, el escándalo político e institucional que enfrentó el gobierno de José Manuel de la Sota por la causa conocida como “narcoescándalo”, que investiga Senestrari, derivó en las renuncias del entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del ex jefe de Policía, Ramón Frías.